Impuesto de transmisiones patrimoniales sobre los alquileres

Impuesto de transmisiones patrimoniales sobre los alquileres

Impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP)

La polémica empezó en Madrid. Allí, el Gobierno regional, presidido por Cristina Cifuentes, ha lanzado una campaña para reclamar a los inquilinos el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), un tributo en vigor desde hace más de veinte años y que, según la normativa, corresponde a abonar al arrendatario -solo a los particulares, pues las empresas tributan por IVA– en el momento de firmar el contrato de alquiler.

Pero, en la práctica, son muy pocos los inquilinos que, pese a estar obligados a hacerlo, pasan por caja para liquidar el impuesto. Y hasta ahora no habían tenido mayor problema. Hasta que la Consejería de Hacienda madrileña ha empezado un envío masivo de notificaciones para reclamar los pagos pendientes, en algunos casos con carácter retroactivo, hasta un tope de cuatro años.

ITP en Galicia

La medida provocó que, por efecto contagio, se encendieran las alarmas en otras comunidades que, como Galicia, también recogen la revisión del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en los alquileres dentro de sus planes de inspección tributaria. Con el ejemplo madrileño en mente, la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) alertó de que la Xunta estaría tentada de «desempolvar» un impuesto que hasta ahora solo abonaban una minoría de los obligados tributarios. Así se lo habrían comunicado ya hace unos meses, explican, en las oficinas autonómicas de vivienda donde los profesionales del sector acuden a depositar las fianzas y realizar otras gestiones relativas a los arrendamientos.

Benito Iglesias, presidente de Fegein, asegura que las empresas que representan prefieren ponerse la venda antes que la herida y por eso comenzaron el lunes una movilización para evitar que se aplique lo que, entienden, sería una «medida recaudatoria más, que solo contribuiría a potenciar la desigualdad social y a asfixiar la maltrecha economía de las familias gallegas». En ese sentido, recuerda que el segmento más castigado sería el de los jóvenes menores de 35 años (los que suelen declarar sus alquileres porque pueden desgravarlos en el IRPF) y las rentas medias y bajas, las que lo tienen más difícil para acceder a la vivienda en propiedad.

Pero, pese a los temores de las inmobiliarias, en la Xunta niegan la mayor. Aseguran que, pese a que hace años que lo recogen en su plan de control, no han lanzado, ni se plantean hacerlo, una campaña de inspección masiva como la que se está desarrollando en Madrid. Eso sí, recuerdan que el impuesto en cuestión está en vigor desde 1993 por lo que, aunque la Administración haya hecho la vista gorda más de veinte años, en ningún momento se eximió a los inquilinos de pasar por caja, salvo bonificaciones concretas.

Es decir, que la obligación de tributar por los alquileres existe desde hace más de 22 años, y no hay ningún cambio, pero no se van a reforzar los controles para asegurar que se cumple.

Y es que una acción decidida para recaudar pagos pendientes del ITP podría suponer un castigo para las economías familiares, sobre todo si se reclama con efecto retroactivo, pero sería de escasa utilidad recaudatoria. Con los tipos vigentes, para un alquiler de 500 euros mensuales pactado con tres años de vigencia (18.000 euros de renta total), el inquilino debería ingresar 72 euros.

Sin embargo, existen ventajas fiscales de las que se pueden beneficiar los residentes en Galicia como la bonificación en la cuota del 100% para aquellos arrendamientos de vivienda que se realicen entre particulares con intermediación del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo al amparo de programas de fomento del alquiler.

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Alberto Calvo Orosa

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